Objeción de conciencia
La institución civil Profesionales por la Ética, ejecutor de la guía sobre cómo las familias deben ejecutar su derecho a la objeción de conciencia en oposición a la Educación para la Ciudadanía, ha solicitado al Gobierno que precise su actitud respecto a los contenidos de la nueva materia, adelantada en Ley Orgánica de Educación. Asimismo, rebatía las afirmaciones de la ministra de Educación Mercedes Cabrera a los medios de comunicación: “la asociación continuará con su campaña de objeción de conciencia si el Ministerio no rectifica su actual planteamiento en cuanto a la imposición de un “sistema moral e ideológico” a través de esta asignatura”
El Derecho Constitucional Español, en cuanto a la objeción de conciencia, no requiere desarrollo legal para su aplicación rigurosa. Por lo tanto, “los padres que deseen objetar ante la Educación para la Ciudadanía no tienen que esperar ninguna decisión de los tribunales. Basta con redactar una carta dirigida a director del centro, firmada por uno de los padres”. En la misma el progenitor debe reconocerse objetor de conciencia a la hora de matricular a su primogénito en la materia Educación para la Ciudadanía. Del mismo modo que es oportuno citar el artículo 16.1 de la Constitución Española, que “garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos”, y también se debe evocar el artículo 27.3 que asegura que, por parte de los poderes públicos; “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
El vicepresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, afirmó “que la objeción de conciencia es el mecanismo, jurídicamente, más correcto ante una intromisión ilegítima en un derecho constitucional básico como es la libertad de enseñanza”.
El Foro Español de la Familia, también ha creado el Observatorio sobre la objeción de conciencia para asesorar a los padres que se oponen a esta nueva materia. “Estamos dispuestos a llegar hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, afirmó Benigno Blanco.
CLEMENTE FERRER ROSELLÓ
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