No es una empresa cualquiera
La Comisión Europea ha aceptado que la televisión no es un sector económico más y que puede beneficiarse de un sistema de financiación público. El Protocolo anexo al Tratado de Ámsterdam faculta a los Estados a financiar el servicio público de las televisiones mediante la combinación de subvenciones públicas e ingresos comerciales. Es el caso español.
En los últimos ejercicios, los presupuestos autonómicos reflejaban la siguientes estimaciones: la televisión pública de Cataluña, con un 28,4 % de la audiencia, mantenía una subvención del 28,1% de los presupuestos; Valencia, con el 20,4% de los telespectadores valencianos, el 10,3%; Andalucía, con el 21,5%, el 66%, Madrid, con el 17,7%, el 44,6%; el País Vasco, con el 24%, el 72%; Galicia, con el 18,2%, el 75,4%, Castilla-La Mancha, con el 11,2%, el 90,6%; y Canarias, con el 7,1%, el 100%.
El análisis revela que no serían viables, si no fuera por los euros procedentes de los impuestos de todos los españoles. El recurso a la privatización es imposible, desde el mismo momento en el que la ley las configura como un servicio público de titularidad estatal, sujeto a concesión y a un sistema de gestión pública. En la práctica significa que las comunidades autónomas ni puedan privatizar sus televisiones ni ordenar la libre iniciativa en su ámbito territorial.
Esta realidad debe impulsar a la autoridad competente para que diseñe una nueva estructura empresarial adecuada a los contenidos que la televisión pública tiene encomendados, lo que sin duda requiere una profunda remodelación de sus medios materiales y humanos.
CLEMENTE FERRER ROSELLÓ
Presidente del Instituto Europeo de Marketing, Comunicación y Publicidad
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